La riqueza del subsuelo de algunos países de África se ha
convertido en la causa directa de la miseria de sus habitantes. Así como la
industria de diamantes ha beneficiado a países como Botswana -cuya industria
emplea al 10% de su población y sus ganancias representan dos tercios de los
ingresos gubernamentales-, para otros ha significado una tragedia.
Los cientos de millones de dólares que surgen del comercio ilícito de diamantes en algunos países africanos van a parar a manos de la guerrilla y los ejércitos que practican el fructuoso trueque de diamantes por armas.
En Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo, estas piedras preciosas se han convertido en la principal fuente de financiación de los movimientos insurgentes que controlan su tráfico generando muerte y destrucción, ya que los beneficios de su comercialización se traducen en la prolongación de los conflictos.
Cerca de medio millón de hombres y mujeres de la República Democrática del Congo, un país de 48 millones de habitantes, sobrevive participando directa e indirectamente del contrabando de metales preciosos.
Pese a disponer de ricos y abundantes recursos naturales como son los diamantes y el petróleo, Angola ocupa el puesto 160 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (de un total de 174 países).
En este país, la prioridad es la guerra -el 86 % del presupuesto nacional se destina a Defensa-, y las consecuencias sobre la población son devastadoras: el 90% vive por debajo de la línea de la pobreza, la tasa de mortalidad infantil es del 29%, sólo el 31% de la población tiene acceso al agua potable y los casi tres millones de desplazados internos no tiene cubiertas necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda.
El tráfico ilegal de diamantes desde zonas de Sierra Leona controladas por los rebeldes sirve para financiar ayuda militar destinada al FRU, lo que le permite continuar con los combates. Aunque las piedras de Sierra Leona sólo suponen el 1% del volumen mundial, son especialmente apreciadas por su calidad.
Una legislación internacional aplicada rigurosamente permitiría controlar el comercio ilícito, pero los intereses en juego son demasiados y muy pocos parecen dispuestos a poner en riesgo un negocio que factura alrededor de US$ 50 mil millones al año. (Aunque se sepa que el 10% de esa suma sirve para financiar los conflictos armados africanos).
Los cientos de millones de dólares que surgen del comercio ilícito de diamantes en algunos países africanos van a parar a manos de la guerrilla y los ejércitos que practican el fructuoso trueque de diamantes por armas.
En Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo, estas piedras preciosas se han convertido en la principal fuente de financiación de los movimientos insurgentes que controlan su tráfico generando muerte y destrucción, ya que los beneficios de su comercialización se traducen en la prolongación de los conflictos.
Cerca de medio millón de hombres y mujeres de la República Democrática del Congo, un país de 48 millones de habitantes, sobrevive participando directa e indirectamente del contrabando de metales preciosos.
Pese a disponer de ricos y abundantes recursos naturales como son los diamantes y el petróleo, Angola ocupa el puesto 160 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (de un total de 174 países).
En este país, la prioridad es la guerra -el 86 % del presupuesto nacional se destina a Defensa-, y las consecuencias sobre la población son devastadoras: el 90% vive por debajo de la línea de la pobreza, la tasa de mortalidad infantil es del 29%, sólo el 31% de la población tiene acceso al agua potable y los casi tres millones de desplazados internos no tiene cubiertas necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda.
El tráfico ilegal de diamantes desde zonas de Sierra Leona controladas por los rebeldes sirve para financiar ayuda militar destinada al FRU, lo que le permite continuar con los combates. Aunque las piedras de Sierra Leona sólo suponen el 1% del volumen mundial, son especialmente apreciadas por su calidad.
Una legislación internacional aplicada rigurosamente permitiría controlar el comercio ilícito, pero los intereses en juego son demasiados y muy pocos parecen dispuestos a poner en riesgo un negocio que factura alrededor de US$ 50 mil millones al año. (Aunque se sepa que el 10% de esa suma sirve para financiar los conflictos armados africanos).
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